Misión cazacorruptos (II)

El primer indicador –visto ya en la década de los setenta– del proceso de entropía del sistema de conciliación de elites, propio de la IV República, fue la aceptación resignada del imperio de los corruptos. Muchos de los dirigentes no contaminados por el virus de la corrupción asumieron como una fatalidad la propagación de la misma y optaron por dejar pasar, dejar hacer.

Así se instauró la crisis moral, que después devino en económica con el Viernes Negro (18 de febrero de 1983), luego se transformó en social con El Caracazo (1989) y, más tarde, se convirtió en política con el 4 de febrero.

Ser corrupto pasó a ser, para muchos, socialmente aceptable y deseable. La corrupción se difundió como una serie de actitudes con sus correlativas conductas, es decir, en un valor de diversos segmentos de la sociedad, especialmente los que participaban en el ejercicio del poder en sus distintas manifestaciones.

La sociología ha construido el consenso sobre la extinción de determinados valores, o la minimización de sus manifestaciones conductuales, mediante procesos de orientación masiva. Es decir, la superación de los valores del Pacto de Punto Fijo implica un proceso de reaprendizaje social en cuyo desarrollo es clave el protagonismo de las masas populares, debidamente orientadas por el ejemplo cotidiano de sus dirigentes en la promoción de la honestidad, entre otros valores bolivarianos. Bien decía Ernesto Guevara de la Cerna, “el revolucionario enseña con el ejemplo”. Y ya se sabe que el Che es paradigma en varios aspectos de la vida, en particular en lo atinente a la honestidad a toda prueba; el mismo valor que Simón Bolívar categorizó como la mejor política. De aquí se comprende que el despliegue de las mayorías nacionales en la Misión Cazacorruptos demanda no sólo leyes inexorables, sino además vigilancia revolucionaria (contraloría social) y acción resuelta de los dirigentes para perseguir y castigar en forma implacable a los corruptos.

Distinto a la suerte del puntofijismo, en la V República no habrá entropía gracias a que los dirigentes y el pueblo no dejan hacer ni pasar a los corruptos. El corrupto es visto ahora como lo que es: un delincuente, un enemigo de la sociedad. Pronto habrá más leyes inexorables contra los corruptos, cuyos delitos son imprescriptibles por mandato constitucional. Y ya se va viendo la acción enérgica en su contra por parte de los dirigentes revolucionarios. Tal como lo ha demandado el presidente Chávez, el procesamiento judicial de corruptos se acelera, con la plena observancia de los derechos humanos: derecho a la defensa, al debido proceso, a la integridad de los imputados… Así se observa en el caso de las decididas acciones de Tarek William Saab, gobernador del estado Anzoátegui, quien, pruebas en mano, ha requerido sean procesados por las instancias judiciales varios ex funcionarios de su gobierno incursos en extorsión, apropiación indebida y otros delitos conexos, cometidos contra el Estado y la sociedad anzoatiguense.

“Seguid el ejemplo que da Anzoátegui”, podría afirmarse más allá de cualquier gesto de adulación. Acciones como la del poeta gobernador blindan moralmente el proceso de cambio democrático, lo afincan en sus profundas raíces populares.

Y vale más la resolución de Tarek, porque frente a amenazas y un atentado contra Luis Figueras, funcionario de la gobernación, auténtico cazacorruptos, Tarek sigue echando “pa’ lante” contra los corruptos.

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