Rojo

“La información concerniente a las obras del gobierno, los mensajes y alocuciones oficia les, no podrán tener contenidos publicitarios o propagandísticos de naturaleza electoral”. (Último párrafo del Artículo 21 de Las Normas sobre Publicidad y Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial Diciembre 2006). Ni el sol del mediodía en marzo es tan claro como esta disposición. Y, para evitar confusiones potenciales, basta leer el artículo 2 de las referidas normas: “Se entiende por publicidad y propaganda electoral las actividades de carácter público desarrolladas por los candidatos, las organizaciones con fines políticos, grupos de electores que tengan como propósito captar, estimular o persuadir el voto del electorado a favor o en contra de un candidato dentro del lapso señalado por el CNE”. Valga decir, en criollito, los contenidos publicitarios o propagandísticos son de carácter electoral cuando piden el voto para un candidato o tratan de convencer al elector de no votar por tal candidatura. De aquí que las actividades divulgativas de la acción del gobierno, mandato expreso de la Constitución, no son campaña electoral. La próxima inauguración del Hospital Cardiológico Infantil Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, así como la del segundo puente sobre el río Orinoco, entre tantas obras que entrarán en servicio en los días, semanas y meses venideros no están destinadas a pedirle el voto a los electores o a tratar de que no sufraguen por los candidatos oposicionistas. Así como tampoco comportan elementos de promoción electoral los mensajes dirigidos a fortalecer en la población los valores de la Constitución, como, por ejemplo, la solidaridad.

Es inadmisible que un funcionario público, sea empleado del Ejecutivo nacional, de la Gobernación del Zulia o de la Alcaldía de Chacao, mientras cumple su jornada de cada día se dedique a pedir votos a favor o en contra de uno u otro candidato. Empero, cuando concluye su trabajo, en su tiempo libre, el funcionario público vuelve a ser un ciudadano en plenitud de disfrute de sus derechos democráticos, por ejemplo, el de participar en la campaña electoral promoviendo la candidatura de su preferencia. Están pelaos quienes pretenden ponerle tirro en la boca a los venezolanos y venezolanas que prestan servicios al Estado durante el transcurso de la campaña electoral. La soberbia de los dueños de televisoras, emisoras de radio y periódicos, dedicados a descalificar a venezolanos que el día sábado, en tiempo no laboral, fueron a expresar su respaldo al candidato Chávez, no es sólo muestra de la prepotencia típica de las élites de la IV República sino además manifestación de una clara tendencia autoritaria, fundada en la pretensión de negarle los derechos democráticos a las mayorías nacionales, excluidas siempre hasta 1999.

En medio de su aquelarre, la élite mediática llegó al extremo de pretender prohibirle a los adherentes de la candidatura revolucionaria el uso de vestimenta de color rojo. Valga decir, aún creen vivir los tiempos superados cuando, con su manipulación, se asumían dueños hasta del gusto cromático de la población a la hora de escoger una camisa.

Es válido preguntarse el porqué estos mismos medios no critican la publicad electoral del candidato Rosales en las que usa el logo de la Gobernación del Zulia. Es sencilla la respuesta: en las neuronas de sus dueños –ya oxidadas-los derechos democráticos son parte de su propiedad privada.

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