Socialismo constitucional

“Venezuela se constituye en un Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justi cia”. Esta afirmación no pertenece al programa de un partido político ni al manifiesto de un grupo de artistas soñadores, sino al Artículo 2 de la Constitución Bolivariana. Vale decir, es parte del proyecto de país que ­con tesón y recia perseverancia­ los venezolanos construimos cada día. Muchas interrogantes se pueden dejar caer sobre los alcances, las implicaciones, connotaciones del mencionado artículo. Por ejemplo, cabría preguntarse si su contenido comporta que la forma social de organización de Venezuela ha de ser necesariamente capitalista, como parece interpretarlo incluso un sector de quienes impulsan los objetivos de la Carta Magna. Dicho de otro modo: ese estado democrático, social, de derecho y de justicia, ¿se puede edificar con base en la explotación del hombre por el hombre y la obtención de la máxima ganancia para beneficio individual o grupal? La respuesta que cada quien dé a este interrogante es crucial en el contexto de una polémica que se asoma en el debate político nacional: el supuesto imperativo de que el texto constitucional declare la opción socialista en Venezuela para que la misma sea viable. Perspectiva que a este escribidor le resulta redundante.

Pensar que en el capitalismo es posible la justicia, no sólo es ingenuo sino además torpe en la teoría y la práctica. La injusticia es una cualidad distintiva de todas las formas sociales fundadas en la explotación del hombre por el hombre, desde el esclavismo. Incluso este aserto es válido en los términos de la justicia individual; mucho más lo es cuando se piensa en la justicia social. El capitalismo necesita un contingente humano, variable en número según las circunstancias del momento histórico, que sobreviva en la miseria, o al borde de la misma, por ejemplo, en las garras del desempleo. Así evita que la mano de obra se encarezca en demasía para sus intereses de reproducción y acumulación de capital. Esto no cambiará en el capitalismo nunca jamás. Ergo, es una ilusión creer que el capitalismo puede coexistir con la justicia. O sea, la Bolivariana es claramente anticapitalista porque su apuesta por la justicia social, en medio de la democracia en los espacios del Estado y de toda la sociedad, la distingue sin posibilidad de ámbitos grises.

A menos que alguien plantee en el presente venezolano la opción de una forma social más allá del socialismo, hacia adelante, hacia el futuro ­lo que no luce para nada verosímil­, el deside
ratum es entre capitalismo y
socialismo. Y como ya queda demostrado que la ruta capitalista no es propia del proyecto de país contenido en la Bolivariana, la exigencia de que en su texto se diga literalmente que su vocación es socialista, constituye un desplante caprichoso, inútil e intelectualmente improductivo. El rumbo socialista a la bolivariana es constitucional, sin lugar a dudas, sin necesidad de reforma ni enmienda.

En ninguna parte la Bolivariana se casa con el capitalismo. Por el contrario, un bojote de sus disposiciones conlleva un aliento poderoso, radical, de orientación no capitalista. Es más: la ejecución operacional de muchas de sus definiciones conceptuales sólo es viable en un rumbo hacia el socialismo. Son tantos dichos conceptos que, puestos en la balanza de las opciones de desarrollo de la sociedad, indican sin duda la pertinencia de encaminar al país por la senda del socialismo hecho por y para los venezolanos.

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